“Ante la amplia divulgación en medios de Córdoba y nacionales de un pago por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con el supuesto propósito de obstaculizar una acción penal tramitada en la Justicia cordobesa tendiente a la investigación del abuso de una menor, se ofrece la siguiente declaración pública:
Como seguidores de Jesucristo, condenamos el abuso en cualquier de sus formas. La postura de la Iglesia es que el abuso no se puede tolerar y quienes ejercen abuso son responsables ante Dios y ante los tribunales correspondientes. Nadie debe abusar de otra persona y nadie debe ser víctima de abuso. Asimismo, es un serio asunto que afecta a la sociedad en su conjunto y es contrario a la ley.
Proteger y cuidar de los demás fue una prioridad para Jesucristo durante su vida, y es una prioridad para la Iglesia hoy en día. La principal responsabilidad de la Iglesia es ayudar a quienes hayan sido víctimas de abuso y proteger a aquellos que puedan ser vulnerables a padecerlo en el futuro.
La Iglesia lamenta con tristeza los motivos y decisiones deliberadas de personas que determinaron que hechos que ya se estaban investigando en el ámbito apropiado, que es el judicial, trascendieran a los medios de comunicación causando revictimización y afectando el buen nombre de personas inocentes.
Dado que la información divulgada en los medios de comunicación no se ajusta a la realidad de los hechos, hacemos saber que:
- A partir de la denuncia efectuada en el año 2017 por la familia de una joven se inicia inmediatamente una investigación penal por abuso.
- Al tomar conocimiento de la denuncia, la Iglesia prontamente proporcionó amplia asistencia espiritual, profesional y económica a la víctima y su familia, en concordancia con las creencias y normas propias que son públicas y de fácil acceso a cualquier interesado.
- En el transcurso de la etapa inicial de la investigación penal (2017/2018) la Iglesia y sus responsables eclesiásticos locales brindaron total y absoluta colaboración a los requerimientos del proceso judicial.
- A mediados del año 2020 la Iglesia recibe una notificación respecto a un reclamo judicial de resarcimiento por vía civil de parte de la familia de la víctima. Por lo tanto, sin estar obligada y respetando la normativa que rige en este fuero, con el acuerdo de los padres de la menor y ella misma, los abogados de la familia y el asesor de menores asignado por el Ministerio Público, se firma y se homologa un acuerdo poniendo fin al requerimiento judicial civil en los términos solicitados por la víctima y su familia.
- La naturaleza del asunto acordado exige principios de confidencialidad habitualmente utilizados que apuntan a preservar la intimidad de todas las partes evitando su revictimización.
- Es incorrecto sostener que el acuerdo de referencia y su confidencialidad pudieran impedir a la víctima realizar una presentación judicial ya que la causa penal se había iniciado en 2017.
- El actuar de la Iglesia siempre ha sido ajustado a la normativa vigente, por consiguiente el acuerdo antes mencionado fue tramitado en su totalidad por asesores jurídicos y no por responsables eclesiásticos locales. La alusión pública irresponsable y mención del Presidente de Estaca Alejandro Paolantonio y el Obispo Hector H. Herrador, los afecta de manera deliberada en su buen nombre y reputación. Desde su rol espiritual estas personas ofrecieron en todo momento su servicio voluntario para asistir a la víctima y su familia.
Esta injusta situación en la que se coloca a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a sus miembros no altera la determinación de continuar sirviendo a la comunidad, de respetar las leyes y de promover el amor fraternal entre todos los hijos de Dios, siguiendo el ejemplo y la misión divina de ser discípulos de Jesucristo”.
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Fuentes: El Patagónico, Clarín
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